La inclusión del PKK en la lista de
organizaciones terroristas por parte de los estados occidentales
criminaliza a la población kurda, pero la hipocresía de esos
estados también ha creado una comunidad consciente, movilizada y
activista.
El señalamiento como “terrorista” suele demonizar
a un bando del conflicto mientras inmuniza al otro. Esto se aplica
especialmente en el conflicto entre el ejército turco (el segundo
más grande de la OTAN) y el PKK (un movimiento armado de
liberación nacional). Pero en este caso la etiqueta de
“terrorista” también criminaliza a toda una comunidad, a la que se
niega sus derechos fundamentales.
La inclusión o exclusión de esa lista de grupos y
estados (como el Irak de Saddam Hussein) en base a la coyuntura
política demuestra que las listas negras tienen un carácter
político y no moral, pretesiones aparte. En realidad, esas listas
fortalecen la violencia patrocinada por el Estado, refuerzan el
monopolio estatal sobre el uso de la fuerza, ignoran la
legitimidad de las resistencias y no distinguen moralmente entre
grupos como ISIS y movimientos que responden a la injusticia.
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK) fue catalogado como grupo terrorista por EEUU en 1997 y por
la Unión Europea en 2002. Los actos violentos del PKK en Alemania
durante la década de 1990 no motivaron su prohibición, pero sí el
hecho de que el PKK "perturbara los intereses de la OTAN en el
Oriente Medio". Aún hoy, los funcionarios europeos afirman que se
abstendrán de levantar la prohibición mientras Turquía mantenga su
postura sobre el PKK. Los gobiernos solo revisan esa lista según
las tensiones con Turquía. La inclusión del PKK en la lista
apacigua a Turquía, pero también se usa como comodín para avisar
al estado turco de que la prohibición de su enemigo podría
eliminarse si se porta mal.
No hace falta simpatizar con el PKK-para ver que
esa prohibición es un anacronismo. El PKK cambió su perspectiva
política, anunció varias treguas unilaterales e inició un largo
proceso de paz de dos años que garantiza la supervivencia de
muchas comunidades étnicas y religiosas en el Medio Oriente como
principales enemigos del Estado Islámico. Los viejos argumentos ya
no se pueden sostener.
Pero,
argumentos legales y políticos a un lado, ¿qué implicaciones
sociales tiene esa lista negra?
En Europa, los kurdos constituyen una de las
comunidades más organizadas y politizadas. El concepto de
autonomía democrática se practica en asambleas populares y
asambleas de mujeres en la diáspora. Este mismo potencial
democrático es visto como una amenaza.
Los gobiernos europeos pretenden deslegitimar a
las organizaciones consideradas “terroristas” mediante su
señalamiento y criminalizan a sus bases de apoyo en un intento de
despolitizar las comunidades y romper los vínculos entre ambas.
Pero los gobiernos occidentales a menudo son
cómplices de la opresión que expulsa a esas comunidades. Los
mismos estados que etiquetan al PKK como terrorista son los
principales proveedores de armas para la guerra de Turquía contra
los kurdos. La información proporcionada por los aviones no
tripulados de EEUU mató a 34 civiles kurdos en 2011, los tanques
alemanes en manos del ejército turco destruyeron 5.000 pueblos
kurdos en los años noventa. Irónicamente, mientras apoyaban la
guerra de Turquía contra los kurdos, los estados europeos daban
refugio a miles kurdos expulsados por la persecución política en
esa década. La naturaleza explícitamente geopolítica de estas
listas agrava la injusticia, y de ahí que la lista de
organizaciones terroristas no sea patrón de moralidad o
legitimidad para la comunidad kurda, pues los kurdos siguen
muriendo bajo sus efectos. Lo que sí producen esas listas es más
acoso y abuso a una comunidad de millones de personas.
En Europa, esa gente no necesita cometer ningún
delito para ser arrestada por pertenencia al PKK. En Alemania,
donde la criminalización es más agresiva debido a una larga
tradición de colaboración política y económica con Turquía, los
criterios que justifican esa acusación pueden basarse en una mera
percepción de simpatía a la que se responde con escuchas
telefónicas, violencia física y psicológica en manifestaciones,
allanamientos de casas y cierre de instituciones sociales y
políticas. La participación en eventos sociales y políticos, que
es un derecho democrático protegido por la legislación
internacional, basta como para justificar esa pertenencia.
Oficinas registradas legalmente, organizaciones estudiantiles y
centros comunitarios se encuentran bajo sospecha constante.
Las acusaciones no necesitan evidencia alguna,
dada la naturaleza secreta de los procedimientos de lucha contra
el terrorismo. En el caso de Adem Uzun, un destacado político
kurdo y activista, la razón para arrestarlo fue directamente
fabricada por las autoridades francesas.
La vulnerabilidad de los jóvenes kurdos que viven
en Alemania, Francia y el Reino Unido sin estatus de residencia o
ciudadanía les convierte en blancos fáciles que a menudo son
coaccionados a colaborar con las autoridades como espías contra
sus propias comunidades. Su negativa a colaborar supone una
amenaza de deportación. Hoy en día, los refugiados de Kurdistán
que escaparon del Estado Islámico son amenazados y hostigados por
la policía europea por unirse a actividades políticas.
Las ofensivas simultáneas son coordinadas a
menudo en toda Europa y coinciden con la evolución de los
acontecimientos en Kurdistán. En 2013, sobre todo en España,
Alemania y Francia, una campaña de represión contra activistas
kurdos tuvo lugar poco después del anuncio de las negociaciones de
paz entre el PKK y el Estado turco.
En una visita al presidente turco Erdogan antes
de elecciones anticipadas de noviembre, Angela Merkel expresó su
apoyo a su gobierno autoritario-fascista dando a entender que
Europa cerrará los ojos ante las masacres turcas si Erdogan
mantiene a los refugiados fuera de la UE. Mientras escribo estas
líneas, ciudades sitiadas kurdas como Silvan se enfrentan a la
masacre perpetrada por el ejército turco y Alemania asalta casas
kurdas para arrestar activistas.
A la vez, después de haber pasado cerca de un año
en la cárcel, Shilan Özcelik, joven kurda de 18 años de edad, está
siendo juzgada por un tribunal británico bajo cargos de terrorismo
por presuntamente querer unirse a la lucha contra el Estado
Islámico. Los activistas creen que el Reino Unido, que lleva
criminalizando a los kurdos durante más de una década, quiere
sentar un precedente con el caso de Shilan, sobre todo después de
que el voluntario británico Konstantinos Erik Scurfield muriera
luchando contra el terrorismo islamista junto a los kurdos en
Siria y una multitud lo despidiera como a un héroe en su funeral.
El gobierno británico mantiene una alianza tácita con las fuerzas
kurdas en el frente pero criminaliza esa misma lucha a nivel
doméstico.
Las estadísticas sobre simpatizantes del PKK en
Europa sólo se basan en salvajes conjeturas de las autoridades,
dado que la desconfianza mutua entre el pueblo kurdo y las
autoridades estatales europeas hacen imposible la expresión de
opiniones políticas en público. El Reino Unido, Francia, Alemania
y Dinamarca lo demostraron cerrando varios canales de televisión
kurdos e imponiéndoles fuertes multas por su supuesto apoyo al
PKK. En el caso de la televisión ROJ, se cree, según documentos
filtrados, que el entonces primer ministro de Dinamarca, Anders
Fogh Rasmussen, cerró el canal para ganar el favor de Turquía para
su cargo de secretario general de la OTAN en 2009.
¿Qué mensaje envían esos que se llenan la boca
con democracia y libertad de prensa a cientos de miles de kurdos
de la diáspora que tienen en estos canales la única forma de
comunicarse con su patria?
Nadie es inmune a esa kafkiana y angustiante
criminalización permanente. Un ejemplo de ello es el caso de la
parlamentaria de izquierdas alemana Nicole Gohlke. En noviembre de
2014, durante el asedio del Estado Islámico a Kobane, Gohlke
intervino en una manifestación en Munich levantando la bandera PKK
durante 15 segundos y diciendo: "insto al gobierno alemán a no
criminalizar símbolos como estos porque la lucha por la libertad,
los derechos humanos y la democracia está siendo llevada a cabo
bajo esta bandera mientras hablamos. !Levanten la prohibición al
PKK!". Luego fue detenida, obligada a pagar una multa y vio
retirada su inmunidad parlamentaria. Todo esto ocurrió en un
contexto político en el que el PKK era aplaudido
internacionalmente tras rescatar a diez mil yazidíes atrapados en
el Monte Sinjar.
Claramente, la designación como “terrorista” es
un velo con el que Europa esconde su propia maldad, una
herramienta de control para silenciar la disidencia y aniquilar la
conciencia política, pero el PKK es legítimo a los ojos de
millones de kurdos. Es imposible distinguir entre "organización" y
"base social". Quien haya asistido a una manifestación kurda habrá
escuchado el lema "PKK es el pueblo y el pueblo está aquí".
Kobanê, el bastión de la resistencia contra el Estado Islámico,
fue liberado con el lema "¡Viva Abdullah Öcalan!"
Hoy, el movimiento de liberación kurdo construido
alrededor del PKK, especialmente con su pionero paradigma de
liberación de las mujeres, no atrae solo a los kurdos sino a todos
los pueblos oprimidos de la región. En el Kurdistán sirio y en el
Kurdistán del Norte, la idea de una autonomía democrática basada
en la convivencia étnica está siendo puesta en práctica.
El año pasado, durante el asedio a Kobane, el
mundo entero fue testigo del poder de movilización de la comunidad
kurda: cientos de manifestaciones espontáneas, huelgas de hambre,
ocupaciones y manifestaciones fueron organizadas simultáneamente
en toda Europa en cuestión de horas. La política hipócrita de
Europa quedó en evidencia cuando el PKK salvó a comunidades
enteras en el Medio Oriente. Mientras tanto, Turquía (miembro de
la OTAN) apoyaba a grupos yihadistas esperando ver caer a los
kurdos ante el Estado Islámico y convirtiéndose así en causa
principal de una crisis de refugiados por la cual ahora la UE lame
el culo a Turquía.
El año pasado, la confusión de los medios de comunicación
occidentales acerca de "terroristas del PKK" luchando contra
"terroristas del grupo Estado Islámico", provocaba una sonrisa
cansada en los rostros de los kurdos corrientes, quienes, aparte
de la opresión en su hogar, son estigmatizados y criminalizados en
toda Europa.
Independientemente de sus pretensiones
moralistas, la represión de los gobiernos vendedores de armas que
apoyan a estados opresores como Turquía se lleva a cabo con la
intención de convertir a los jóvenes kurdos en una parte acrítica
y pacificada del sistema aislándoles y amordazándoles, negándoles
sus derechos democráticos, censurando sus medios de comunicación y
degradando su sentido de pertenencia, pero el efecto logrado ha
sido el contrario: los kurdos forman una comunidad políticamente
consciente y cada vez más autónoma, una comunidad crítica que
quemó sus puentes con el sistema y está dispuesta a dedicarse en
cuerpo y alma a su legítima lucha.
Traducción al español enviada por ASSI(Acción Social y Sindical Internacionalista)
Artículo de Dilar Dirik (Original en inglés publicado el 20/11/2015 en teleSUR )
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