Los encuentros con representantes del partido HDP (Partido Democrático de los Pueblos, que agrupa a partidos de izquierda de ámbito estatal y partidos kurdos, y con un 10% de votos en las últimas elecciones) y del DBP (Partido de las Regiones Democráticas, principal partido kurdo) nos trajeron a la memoria años recientes de la historia vasca. Y no era algo casual. Una simple búsqueda en google lleva a titulares como “La Justicia turca utiliza el ejemplo de Batasuna para ilegalizar el partido kurdo DTP” (consultar ediciones de periódicos como El País, El Mundo, ABC, Público… del 11-12 de diciembre de 2009). Las compañeras y compañeros kurdos nos explicaron cómo el partido político DTP fue ilegalizado en 2009 por sus supuestos nexos, ¡cómo no!, con el PKK, y cómo tuvieron que crear el DBP para concurrir a las siguientes elecciones. Posteriormente, en 2016, llegaría la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenando a Turquía por dicha decisión. Demasiado tarde.
La actividad política en el Estado turco tiene un riesgo evidente si no se alinea con las políticas ultranacionalistas e islamizantes del AKP. Y se le añade un componente de inseguridad adicional si se mezcla con la “cuestión” kurda. El aparato represivo turco, que atraviesa todos los poderes del Estado, pisó el acelerador en 2015-2016, en un contexto marcado por la ruptura de las conversaciones entre el PKK y el gobierno, por la pérdida de la mayoría absoluta del AKP y por el éxito electoral del HDP, sobrepasando el 10% de los sufragios. Paradójicamente, mientras los sectores progresistas del pueblo kurdo intentaban llevar a la práctica el concepto de confederalismo democrático formulado por Abdullah Öcalan, con una fuerte base en la municipalidad, en la participación directa y en el protagonismo de la mujer, la oferta del régimen turco fue la intervención de alcaldías y el encarcelamiento de sus co-alcaldes y co-alcaldesas. Los 28 ayuntamientos intervenidos por el gobierno de Ankara, los/as casi 200 co-alcaldes y co-alcaldesas y concejales/as encarcelados y los/as más de 300 dirigentes locales del HDP y DBP en prisión constituyen la muestra más palpable del riesgo de la política a nivel local en el Estado turco. Varias de las ciudades que hemos visitado, donde la vida urbana se desarrolla en aparente normalidad (la vida entre cuarteles y policías es ya parte de la rutina diaria…), tienen sus ayuntamientos gestionados por interventores designados por el gobierno turco. Tal es el caso de la capital de Bakur, Amed (algo más de 900.000 habitantes), o de las ciudades de Van (en torno a medio millón de habitantes) o Mardin (algo más de 200.000 habitantes, donde, además, la co-alcaldesa destituida, Februniye Akyol, fue la primera cristiana siria en ser elegida co-alcaldesa en todo el Estado). Las gigantescas banderas turcas que cuelgan de dichos ayuntamientos son la constante manifestación de la usurpación de la voluntad popular. Situaciones que, por un momento, nos trasladan de nuevo a Euskal Herria.
El cuadro de la represión de representantes populares y dirigentes políticos locales debe ser completado con más de 500 procesos judiciales abiertos contra diputados y otros dirigentes a nivel estatal, entre ellos Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, co-presidentes y co-presidenta del partido HDP, encarcelados desde noviembre de 2016 bajo la socorrida acusación de colaboración con banda armada y propaganda a favor de organización terrorista.
Encarceladas o no, muchas son las personas que, relacionadas de una forma u otra con el movimiento político kurdo o con la izquierda turca, ven su vida personal y profesional afectada por los zarpazos del régimen de Erdogan. Tal es el caso de Feride, primera mujer en ejercer la abogacía en Amed, con la que pudimos compartir cena y conversación sobre la situación política apenas tres días tras su comparecencia en calidad de acusada en un juicio en Ankara. Una vez más, y ya son varios años, la vista se pospuso. Mientras tanto, ella no puede salir del país y encontrarse con su compañero, quien tiene prohibida la entrada al Estado turco. Una historia personal más entre tantas que recorren Kurdistán.
Texto y fotografías: Iñaki Etaio, miembro de la delegación vasca a Bakur, de primavera del 2018, en el Newroz. Este reportaje, sobre diversos aspectos de lo que vieron y escucharon está compuesto por 9 secciones.
La actividad política en el Estado turco tiene un riesgo evidente si no se alinea con las políticas ultranacionalistas e islamizantes del AKP. Y se le añade un componente de inseguridad adicional si se mezcla con la “cuestión” kurda. El aparato represivo turco, que atraviesa todos los poderes del Estado, pisó el acelerador en 2015-2016, en un contexto marcado por la ruptura de las conversaciones entre el PKK y el gobierno, por la pérdida de la mayoría absoluta del AKP y por el éxito electoral del HDP, sobrepasando el 10% de los sufragios. Paradójicamente, mientras los sectores progresistas del pueblo kurdo intentaban llevar a la práctica el concepto de confederalismo democrático formulado por Abdullah Öcalan, con una fuerte base en la municipalidad, en la participación directa y en el protagonismo de la mujer, la oferta del régimen turco fue la intervención de alcaldías y el encarcelamiento de sus co-alcaldes y co-alcaldesas. Los 28 ayuntamientos intervenidos por el gobierno de Ankara, los/as casi 200 co-alcaldes y co-alcaldesas y concejales/as encarcelados y los/as más de 300 dirigentes locales del HDP y DBP en prisión constituyen la muestra más palpable del riesgo de la política a nivel local en el Estado turco. Varias de las ciudades que hemos visitado, donde la vida urbana se desarrolla en aparente normalidad (la vida entre cuarteles y policías es ya parte de la rutina diaria…), tienen sus ayuntamientos gestionados por interventores designados por el gobierno turco. Tal es el caso de la capital de Bakur, Amed (algo más de 900.000 habitantes), o de las ciudades de Van (en torno a medio millón de habitantes) o Mardin (algo más de 200.000 habitantes, donde, además, la co-alcaldesa destituida, Februniye Akyol, fue la primera cristiana siria en ser elegida co-alcaldesa en todo el Estado). Las gigantescas banderas turcas que cuelgan de dichos ayuntamientos son la constante manifestación de la usurpación de la voluntad popular. Situaciones que, por un momento, nos trasladan de nuevo a Euskal Herria.
El cuadro de la represión de representantes populares y dirigentes políticos locales debe ser completado con más de 500 procesos judiciales abiertos contra diputados y otros dirigentes a nivel estatal, entre ellos Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, co-presidentes y co-presidenta del partido HDP, encarcelados desde noviembre de 2016 bajo la socorrida acusación de colaboración con banda armada y propaganda a favor de organización terrorista.
Encarceladas o no, muchas son las personas que, relacionadas de una forma u otra con el movimiento político kurdo o con la izquierda turca, ven su vida personal y profesional afectada por los zarpazos del régimen de Erdogan. Tal es el caso de Feride, primera mujer en ejercer la abogacía en Amed, con la que pudimos compartir cena y conversación sobre la situación política apenas tres días tras su comparecencia en calidad de acusada en un juicio en Ankara. Una vez más, y ya son varios años, la vista se pospuso. Mientras tanto, ella no puede salir del país y encontrarse con su compañero, quien tiene prohibida la entrada al Estado turco. Una historia personal más entre tantas que recorren Kurdistán.
Texto y fotografías: Iñaki Etaio, miembro de la delegación vasca a Bakur, de primavera del 2018, en el Newroz. Este reportaje, sobre diversos aspectos de lo que vieron y escucharon está compuesto por 9 secciones.
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