dilluns, 24 de setembre del 2018

Irán ha ahorcado 44 kurdos en medio año, otros 11 en el corredor de la muerte


En los últimos seis meses, Irán ha ahorcado a más de 40 kurdos iraníes y sentenció a muerte a otros doce activistas, según un grupo que informa sobre violaciones de derechos humanos en el país que figura como responsable de "más de la mitad de todas las ejecuciones registradas en 2017. Las condenas a muerte de 44 ciudadanos kurdos se han implementado en nueve cárceles" en el país, la mayoría de las cuales estaban en "Urmia, Kermanshah [Kermanshan] y Karaj", decía una declaración de la organización de derechos humanos Hengaw. El grupo de derechos también agregó que otros 11 activistas políticos habían sido puestos en el corredor de la muerte.

Casos recientes que atrajeron la atención internacional fueron los de Ramin Hussein Panahi y dos primos, Loghman y Zaniar Moradi, quienes fueron ejecutados el 8 de septiembre. El mismo día que los tres fueron ejecutados, Irán llevó a cabo un ataque con misiles transfronterizos contra las oficinas centrales de dos partidos kurdos iraníes (Rojhilati) que se oponen al régimen islámico en la ciudad de Koya, en la región del Kurdistán, y mataron a 15 personas. 42 otros.

Los dos incidentes inspiraron una huelga general organizada de tenderos y empresarios en las cuatro provincias de Rojhilat (Kurdistán de Irán). El 12 de septiembre, las calles de las ciudades kurdas quedaron desiertas cuando los lugareños intentaron mostrar su solidaridad con las familias de las víctimas y su oposición a las acciones del régimen.

"La gente en Kurdistán organizará una huelga general pacífica para mostrar al régimen islamista brutal en Irán que no aceptaremos más ataques militares contra nuestros partidos políticos y ejecuciones de nuestros activistas políticos", dijo Loghman H. Ahmedi, miembro del Partido de Kurdistán iraní (PDKI).

Según Amnistía Internacional, entre los 23 países que llevaron a cabo sentencias de muerte en 2017, "Irán ejecutó al menos a 507 personas". Al menos 31 de esas ejecuciones fueron públicas y al menos cinco de los ejecutados eran menores de 18 años.

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