Erdogan clausura, por decreto, 370 entidades y ONG, la mayoría kurdas

Los poderes especiales emanados de la legislación posterior al supuesto golpe de estado sirven al régimen islamista conservador para aniquilar, ya no la disidencia, sino cualquier atisbo de sociedad civil.

Desde el 15 de julio 170 medios de comunicación han sido cerrados por orden del gobierno. Algo imposible sin una legislación especial derivada del supuesto golpe. Más de un centenar de periodistas han sido encarcelados. Otros 700 han visto revocadas sus acreditaciones para ejercer. Una decena de corresponsales extranjeros expulsados.

Hoy le toca a la sociedad civil. Hasta 190 entidades kurdas han sido cerradas de un plumazo. También de izquierda, hay 19 acusadas de formar parte del ilegal, perseguido y clandestino DHKP-C de extrema izquierda turca. ¿Cómo podía una ONG ejercer si era parte de dicho grupo insurgente? De ninguna manera, pero sirve como excusa. El resto, 161, son acusadas en su inmensa mayoría de depender del clérigo Fetullah Gülen, enemigo personal de Erdogan tras denunciar las redes clientelares y corruptas del actual presidente turco.

La realidad es que varias de las ONG son reconocidas internacionalmente como defensoras de la infancia o inclusive de los derechos humanos. Los que, al fin y al cabo, el propio Erdogan lleva pisoteando desde julio cuando suspendió, por decreto, la convención sobre derechos humanos.