dijous, 3 de maig de 2018

Años de plomo. Bajo la maza turca (3/9)

Un retrato en la pared del salón de la casa de la madre y el padre de Ceylan muestra a un joven algo menor de cuarenta años sonriente, enfundado en traje de guerrillero sobre un fondo cubierto de vegetación. Rápidamente llega la explicación por parte de la madre de Ceylan. Su hermano fue combatiente del PKK y desapareció en una misión en el monte allá por el año 2000. No han vuelto a saber nada de él, y por mucho que han indagado y preguntado no han podido encontrar ninguna información. Tampoco desde la propia insurgencia han podido facilitar información a la familia, como suelen hacer en estos casos. Tal vez el dolor de no poder encontrar ninguna información sobre su hermano desaparecido fue lo que le llevó a participar junto a otras mujeres en labores de acompañamiento y apoyo a las familias de combatientes caídos/as. Cuando fallece un/a combatiente del PKK, llevan a cabo las duras gestiones de informar a la familia, recuperar el cuerpo, lavarlo y entregárselo. Son incontables los retratos de guerrilleros/as y militantes caídos/as presentes en multitud de hogares kurdos. Miles son también los testimonios similares tras más de tres décadas, con algunas interrupciones, de enfrentamiento armado abierto entre el PKK y el Estado turco; si bien la violencia y represión contra dicho pueblo viene de mucho más atrás.
Las aproximadamente 40.000 víctimas mortales del conflicto entre el pueblo kurdo de Bakur y el Estado turco nos da una idea de la magnitud del mismo. En cualquier caso, la mayor parte de esas víctimas son kurdas/os no combatientes asesinados por las Fuerzas Armadas Turcas, tal y como está sucediendo en Afrin. En efecto, el Estado turco, para afrontar la guerra contra el PKK adoptó en los años 90 la táctica de “quitar el agua al pez”, también utilizada en otros lugares como Guatemala, Chechenia, Colombia o Perú. Para aislar y debilitar al pez (la insurgencia) se le quita el agua (el pueblo que nutre sus filas y le da apoyo). En resultado es conocido: masacres, ejecuciones sumarias, desapariciones y desplazamientos masivos de población. En el caso kurdo, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, alrededor de 17.000 kurdos/as fueron desaparecidos/as, alrededor de 4.000 pueblos fueron vaciados de sus habitantes y unos 3 millones de kurdas/os desplazadas/os, empujadas/os a las ciudades alejadas de las montañas con presencia guerrillera. De estas/os últimas/os, alrededor de un millón permanecerían aún como desplazadas/os internas/os. De esta forma llegaron varios miles de expulsados a Amed, teniendo que ubicarse como pudieron en casas de familiares y conocidos, tal como algunos de ellos no describieron.






El estado de excepción que rige el país desde hace casi dos años otorga mayor poder a la policía y fuerzas armadas y disminuye las ya tenues garantías frente a los abusos policiales y militares. Si ya de por sí la policía turca no tenía excesivos problemas para apretar el gatillo en situaciones consideradas problemáticas, la ley marcial le faculta para disparar sin tener que justificarlo. La protesta social asociada a las reivindicaciones kurdas es, en estos momentos, poco menos que una quimera. Cuando, de forma un tanto ingenua, preguntamos a algunas de nuestras interlocutoras kurdas, si se habían realizado protestas por la invasión turca de Afrín, la respuesta fue que no es posible, que Erdogan había amenazado públicamente con actuar con todos los medios contra quienes osasen cuestionar la operación militar. Como hemos podido comprobar in situ, en el Estado turco no se obvia ni se oculta la operación de Afrín. Se publicita hasta la saciedad en todos los informativos como una gesta heroica, en la que un ejército desaloja a unos terroristas y devuelve la paz a una población que los recibe con los brazos abiertos (aunque, a tenor de las imágenes proyectadas por televisión, no han debido encontrar multitudes esperándoles al entrar en Afrín y se han tenido que conformar con mostrar imágenes de algún soldado sosteniendo entrañablemente a un niño pequeño en brazos). En este contexto militarista y ultranacionalista, que recuerda mucho al espíritu legionario, justificar la muerte de manifestantes “terroristas” que cuestionan las operaciones del gran ejército turco no resulta excesivamente embarazoso.

Entretanto, también en medio de estas ciudades donde la protesta está prohibida, miles de presos y presas políticas, muchos/as de ellos/as en prisión preventiva, malviven hacinados/as en cárceles insalubres, dispersados/as por el extenso territorio del Estado turco. La política de dispersión como política de Estado. Una vez más, es inevitable la comparación con la dispersión de los/as presos/as políticos/as vascos por las cárceles españolas y francesas, y la ruleta rusa de los viajes de las/os familiares.

Al mismo tiempo, el Estado turco sigue construyendo nuevas prisiones, vaticinio de un futuro igual o más duro, sabedor de que las tibias críticas de gobiernos e instituciones europeas a las múltiples y comprobadas violaciones de derechos humanos quedan en un segundo plano frente a los intercambios comerciales entre Turquía y esos mismos estados.

 Texto y fotografías: Iñaki Etaio, miembro de la delegación vasca a Bakur, de primavera del 2018, en el Newroz. Este reportaje, sobre diversos aspectos de lo que vieron y escucharon está compuesto por 9 secciones.

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