La ponente del Parlamento Europeo, Kati Piri, presentó un informe el miércoles por la liberación del líder de la oposición y el ex candidato presidencial Selahattin Demirtaş y pidió la suspensión de las conversaciones entre la UE y Turquía debido a la disminución de los derechos humanos en Turquía.
Demirtas, ex copresidente del Partido Demócrata de los Pueblos (HDP) y candidato presidencial, fue detenido y encarcelado el 4 de noviembre de 2016 junto con otros nueve legisladores en una represión que purgar los rivales políticos del presidente Tayyip Erdogan poco después de un fracaso intento de golpe de estado militar.
Piri condenó la "detención continuada de Selahattin Demirtas, líder de la oposición y candidato presidencial" y dijo que el Parlamento Europeo "se comprometió a seguir siguiendo su caso muy de cerca y pide su liberación inmediata e incondicional". Además, la ponente preveía que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pronto pronunciara su decisión definitiva sobre el caso de Demirtas. "Continuar con un proceso de negociación dirigido a la integración de la Unión Europea en Turquía ha perdido toda credibilidad en las circunstancias actuales".
El informe también señaló con gran preocupación la "detención de dos diputados del Partido Popular Popular Republicano (CHP) y la forma en que el HDP ha visto particularmente marginado con muchos legisladores del HDP que fueron detenidos por motivos de supuesto apoyo a actividades terroristas. con la plena implementación de las enmiendas constitucionales, que legitima una presidencia con poderes para designar o rechazar personalmente los ministros, seleccionar jueces y gobernar por decreto, se ha creado una línea roja para el Parlamento Europeo. a Además de la naturaleza claramente autocrática del sistema presidencial recientemente introducido, que no tiene los controles y equilibrios democráticos necesarios, es imposible ignorar la regresión más grande del estado de derecho con más de 50.000 personas, incluidos periodistas, políticos y humanos defensores de los derechos , aún en prisión desde el intento de golpe de Estado y 150.000 funcionarios civiles despedidos sin procedimientos legales adecuados ".
El informe también mencionó las preocupaciones sobre el número elevado de alcaldes y alcaldes kurdos del "sureste fueron despedidos o arrestados y que el gobierno nombró patrones para sustituirlos".
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