La ONU denuncia 2.000 muertos, miles de desplazados y cientos de casos de desapariciones, torturas y violaciones en el Kurdistán turco

Asesinatos, torturas, desapariciones y destrucción masiva de ciudades y aldeas en la guerra silenciada contra los kurdos en Turquía. En un demoledor informe, la ONU denunció ayer las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por Ankara en su campaña militar contra el sudeste kurdo del país. Desde el fin del alto el fuego con el PKK, en julio del 2015, hasta el pasado diciembre han muerto unas 2.000 personas -de ellas 1.200 eran habitantes de la región-, además entre 335.000 y 500.000 se han visto forzadas a dejar sus hogares y más de treinta localidades han quedado destruidas por los continuos bombardeos turcos, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Su portavoz, Robert Colville, no dejó de recordar que Ankara se negó a permitirle el acceso a las regiones kurdas, por lo que el informe se basa en imágenes vía satélite, entrevistas con víctimas y testigos y los datos ofrecidos por oenegés. El Gobierno turco solo aportó las cifras de víctimas y tropelías de los milicianos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán.

El informe documenta «numerosos casos de uso excesivo de la fuerza, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, destrucción de viviendas y patrimonio cultural», a los que hay que añadir «incitación al odio, restricciones para el acceso a cuidados médicos, agua y alimentos; violencia contra las mujeres y restricciones a la libertad de opinión y de expresión y a la participación política».

El informe documenta «numerosos casos de uso excesivo de la fuerza, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, destrucción de viviendas y patrimonio cultural», a los que hay que añadir «incitación al odio, restricciones para el acceso a cuidados médicos, agua y alimentos; violencia contra las mujeres y restricciones a la libertad de opinión y de expresión y a la participación política».

Testigos y familiares de víctimas de localidades como Cizre, en la provincia de Sirnak, denunciaron la «total destrucción» de varios barrios a comienzos del 2016. En ese tiempo, 189 personas permanecieron atrapadas durante semanas en sótanos «sin agua, alimentos, atención médica y electricidad antes de morir por los incendios provocados por los bombardeos». El informe menciona el caso de la hermana de una mujer en Cizre que fue «invitada» por la Fiscalía a recoger sus restos mortales. Solo recibió «tres pequeños trozos de carne chamuscada de los que aseguraron era el cuerpo de mi amada hermana» y ninguna explicación sobre cómo murió. Cuando trató de que se abriera una investigación fue acusada de cargos terroristas. La mayoría de las violaciones se produjeron durante los prolongados períodos de toques de queda.